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23 diciembre 2008

COMUNICADO COLOMBIA

Cooperantes Justicieros condenamos de forma enérgica el brutal asesinato sufrido por el comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, cometido el 16 de diciembre pasado, a la vez que expresamos nuestra solidaridad y condolencia a su esposa, la Consejera Mayor del CRIC, Aida Marina Quilcué, a su pequeña hija, a sus familiares, a las autoridades tradicionales, a los pueblos indígenas del Cauca y a las Organizaciones Sociales en proceso de Minga y Resistencia.

Los hechos ocurridos son los siguientes:

1.- En la madrugada del martes 16 de diciembre del 2008, el señor Edwin Legarda Vásquez en compañía de una compañera indígena perteneciente al área de salud, se movilizaba en una camioneta propiedad del CRIC, utilizada habitualmente por la Consejera Mayor e identificada plenamente ante las autoridades departamentales y nacionales.

2.- Al llegar el vehículo al sitio conocido como Gabriel López, en dirección de Togoima a la ciudad de Popayan, fue objeto de un ataque indiscriminado con tiros de fusil efectuados por miembros de una unidad militar adscrita al batallón José Hilario López. Esta unidad militar se encuentra permanentemente por más de un año en el sitio donde ocurrieron los hechos, sin que en el momento de los hechos hubiera señales propias y adecuadas que indicaran que se tratara de un reten militar.

3.- Pocos minutos después de ocurridos los hechos, integrantes de la guardia indígena y cabildantes que viven en el sector donde fue asesinado Edwin Legarda, en ejercicio de su jurisdicción indígena y derecho propio buscaron asegurar las pruebas, y para tal efecto realizaron un cerco preventivo para acordonar el sector, proteger la escena del crimen y evitar la fuga de las unidades militares responsables del asesinato.

4.- Esta acción se mantuvo hasta que se hizo presente una Comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En un principio las autoridades indígenas debieron enfrentar las pretensiones de la Juez de instrucción Penal Militar del Batallón José Hilario López, de asumir la competencia de la investigación penal.

5.- En las primeras versiones del comandante de la unidad militar, así como de los soldados comprometidos en el asesinato de Edwin y las heridas a su acompañante, aseguraron que habían respondido a disparos que les habían hecho desde el vehículo. Posteriormente los soldados afirmaron que se habían visto obligados a disparar ante la negativa de la camioneta a acatar la orden de Pare.

6.- Esta versión fue inmediatamente desmentida porque tanto la Comisión del CTI, como las autoridades indígenas lograron constatar la inexistencia del mencionado retén militar y de elementos de señalización.

Estos hechos se producen en el siguiente contexto:

1.- Los hechos ocurrieron un día después que la Consejera mayor Aida Marina Quilcué Vivas regresara de Ginebra, Suiza, donde estuvo participando activamente en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuado el 10 de diciembre, donde Colombia fue sometida al examen periódico universal por parte de este organismo. Durante las sesiones la Consejera informó a la comunidad internacional de la grave situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia y las razones por las cuales los pueblos indígenas y otras organizaciones sociales se han declarado en minga permanente por la defensa de la vida, sus derechos, la autonomía y el territorio.

2.- El 12 de octubre del 2008, los pueblos indígenas y sus autoridades convocaron a sectores sociales, populares y democráticos a una jornada de unidad comunitaria, para resembrar la memoria colectiva sobre el genocidio que sufren los pueblos indígenas desde el momento de la conquista y el agravamiento de la crisis humanitaria que sufren en los últimos años.

3.- Particularmente en el Departamento del Cauca, las comunidades indígenas han solicitado el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional en diversas oportunidades, entre ellos el de la reparación colectiva de tierras.

3.- Previo a la movilización, y especialmente entre el 17 de septiembre del 2008 y el 15 de octubre del 2008 han sido asesinados más de 29 indígenas.

4.- La movilización indígena se inicio de forma pacífica en numerosos departamentos del país. Sin embargo la Fuerza Pública dio un tratamiento de guerra a la movilización social, atacando con armas de fuego, armas no convencionales, machetes, bloqueando alimentos y quitando provisiones y, limitando el derecho a la circulación. El saldo final fue de 3 indígenas asesinados y más de 120 heridos.

5.- Posterior a la movilización realizada por las comunidades indígenas a la ciudad de Bogotá, se han presentado varios hechos de hostigamientos y violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se ha recibido información de que más de 8 comuneros indígenas habrían sido asesinados en extrañas circunstancias. Así mismo que se estarían adelantando procesos judiciales contra miembros de la Guardia Indígena y líderes de las comunidades indígenas.

Por todo ello exigimos:

- Que se impulse y fortalezca una comisión especial de justicia de la jurisdicción especial indígena, que asuma conforme a su derecho propio la investigación, juzgamiento y sanción por los hechos en que fue asesinado el Comunero Indígena Edwin Legarda.

- Que la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos investigue y sancione a los responsables de las amenazas, atentados y violaciones a la vida e integridad personal de los pueblos indígenas del Cauca y sus autoridades tradicionales.

- Que la Corte Constitucional, declare un estado de cosas inconstitucional de los derechos de los pueblos indígenas dado las múltiples agresiones, atentados y homicidios sufridos y violaciones sistemáticas y reiteradas a los derechos humanos de las que son víctimas.

- Que el Gobierno Nacional haga un pronunciamiento público ante los medios masivos televisivos, donde reconozca la responsabilidad por el asesinato del comunero Edwin Legarda Vásquez, reconozca la gravedad de los hechos, y que en uso de su facultad discrecional destituya a todos los comprometidos en la cadena de mando por este execrable, toda vez que este hecho se inscribe en un patrón de crímenes masivos y sistemáticos contra los pueblos indígenas y sus autoridades.

- Que cesen los pronunciamientos que descalifican y estigmatizan como terroristas el libre ejercicio al derecho a la protesta, se ampare los derechos de los pueblos indígenas partícipes en la minga de Resistencia Indígena y Popular, así como los derechos a la vida, integridad personal y colectiva, a la reunión y manifestación y la asociación, el derecho al territorio, la diversidad étnica, cultural y autonomía de los pueblos indígenas, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la libertad personal, la libertad de expresión, la protección de la honra y la dignidad, los derechos políticos.

- Que se ordene a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa Nacional, el respeto a la Autonomía de los pueblos indígenas y por lo tanto se ordene el retiro inmediato de las tropas de sus territorios que ha puesto en riesgo su vida, su integridad y si cosmovisión como pueblos originarios.

- Que los Gobiernos europeos y Estados Unidos condicionen cualquier tipo de ayuda militar, convenios de cooperación o firma de tratados comerciales al cumplimiento y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia

COORDINACIÓN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

COOPERANTES JUSTICIEROS







imagen de Popayán por panchoaga en su Flickr

1 co-opiniones:

aurora dijo...

Gracias Sara, por seguir siempre apoyando mis luchas, que son las nuestras, las de muchos. Es un placer viajar contigo por la vida.