El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra siete autoridades del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", que acabó con 203 muertos, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.
Entre los investigados hay dos ministros chinos, el de Defensa, Lian Guanglie, y el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, además del responsable del Partido Comunista chino en el Tibet, Zhang Qingli
También se encuentran en este grupo otros altos cargos del Politburó, como el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Delito de lesa humanidad
Pedraz estima que la Justicia española tiene competencias para investigar los hechos que pueden constituir delito de lesa humanidad, previsto en el artículo 607 bis del Código Penal.
De acuerdo con el auto emitido por el juez, a sólo tres días del inicio de los juegos Olímpicos, la población tibetana es "un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
La Audiencia Nacional se declaró en 2006 con competencias para investigar el genocidio al no poder ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional. El también magistrado de la Audiencia, Ismael Moreno, tiene abierta desde ese año una causa en la que investiga el supuesto genocidio del Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.
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